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| Ruta de la Salud Medellín , 28 de mayo de 2012 |
La salud es un componente esencial de la vida
de las personas y un derecho inalienable. Se va edificando como parte de un
proceso de construcción social, en el que interactúan múltiples factores de
manera dialéctica, en tiempos y espacios particulares, que la van definiendo y
determinando en un continuo.
Enfermar y sanar es un entramado de
relaciones personales y sociales, en un contexto político y cultural. Por lo
tanto, todas debemos estar involucradas desde nuestras experiencias y todas nuestras realidades deben estar representadas en el
proceso de salud y de enfermedad. Por su parte, debemos enfatizar en las
diferencias que se derivan del ser hombre y ser mujer para comprender y abordar
la salud de ambos sexos, teniendo en cuenta elementos de género. Las mujeres en
su diversidad, tenemos necesidades e intereses particulares, así como también,
problemas de salud propios de nuestra condición de ser mujeres. Necesitamos
políticas públicas y acciones concretas que hagan la diferencia y promuevan
respuestas integrales, efectivas y oportunas. Enfermar es más que un hecho
biológico y sanar más que un hecho médico.
Es
imperativo implementar un modelo basado
en los principios de la atención integral, con enfoque de género, de respeto a los derechos de la salud y las
decisiones informadas de las mujeres, de su participación real en los procesos
de toma de decisiones y de planificación de los servicios de salud.
El reto que asumimos hace cinco años,
al proponer cambios profundos al modelo de atención en salud vigente, con la creación de la Clínica de las Mujeres,
tiene un significado histórico de gran valor, para atender la salud de las
mujeres de Medellín y avanzar en el desarrollo de políticas públicas, con
equidad de género.
El desarrollo de esta
propuesta tuvo como punto de partida el cambio de enfoque en el abordaje de la
salud de las mujeres, al romper con el
paradigma hegemónico tradicional de atención de la salud, el cual se caracteriza por tener un enfoque
biológico y médico. Bajo este paradigma, las mujeres nos convertimos en un órgano o enfermedad por atender. Se
sobrevalora el acto médico y se establece una relación vertical, en la que asumimos
una actitud pasiva, como receptoras de información, muchas veces incomprensible,
de la cual no podemos ni tenemos
oportunidad de apropiarnos. Las instituciones de salud se apoyan en la
cultura patriarcal: la institucionalidad se constituye en un espacio donde se
reproducen, legitiman y se mantienen relaciones sociales marcadas por el poder,
la desigualdad y la inequidad entre los hombres y las mujeres.
En
la propuesta que presentamos, abordamos en forma prioritaria situaciones de
salud, derivadas de estas diferencias y desigualdades, para las que ya existe
evidencia sobre la necesidad de actuar con enfoque de género como son: la salud
sexual y reproductiva, las diferentes formas de violencias y la salud mental,
que son problemas de salud pública que afectan no solo a las mujeres, sino todo
su mundo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y por
tanto inciden directamente en el estado y las condiciones de desarrollo de la
sociedad en su conjunto, razón por la cual necesitamos políticas públicas y
acciones concretas que atiendan de manera inmediata estas problemáticas.
Esta visión considera nuevos elementos
de naturaleza filosófica, ética, política, social, cultural y operativa que
afectan y condicionan las necesidades de salud de ciudadanas y ciudadanos. Se
trata de la readecuación del modelo de atención a las personas y en ella la
participación es un elemento fundamental, ya que significa, como lo plantea
Saúl Franco: "Recuperar para la sociedad y para los ciudadanos [y
ciudadanas] la iniciativa y el protagonismo en el conocimiento y la acción en
salud, no es una modificación epidérmica sino sustancial. Apunta no sólo a
mejorar el nivel, sino a modificar el contenido mismo de la salud de la
sociedad y sus distintos grupos, descodificar el lenguaje científico y
traducirlo a los códigos de la vida cotidiana, desalambrar el cerco de la
información y trabajar en la línea del cambio discutido, no es crear receptores
o usuarios para los servicios de salud, sino recolectar la vida y la salud en
sus escenarios y manos de sus protagonistas originales y reales".
Con esta propuesta se desarrollan
acciones afirmativas a favor de la salud de las mujeres, con la clara
conciencia de que se está produciendo un efecto concatenado sobre el bienestar
y la salud de las familias y las comunidades.
Nos proponemos generar cambios profundos en
el abordaje de los problemas y necesidades de salud de las mujeres. Cambios que
solo serán posibles si entre las
instancias que tienen la responsabilidad frente a la protección de la salud, en
este caso de las mujeres, redefinen las relaciones de poder.
En
Colombia, la salud no ha sido objeto de políticas públicas integrales con
enfoque de género, es decir, los problemas de salud no son abordados teniendo
en cuenta las diferencias y
desigualdades existentes en las relaciones entre mujeres y hombres y sus roles
respectivos, así como, la forma en que estas repercuten en los condicionantes
sociales y culturales de la salud y la enfermedad, que influyen directamente en
la manera de enfermar y de relacionarse con los servicios de salud las mujeres y los hombres.
El
desbalance en poder y en oportunidades incide significativamente en la calidad
de vida de las mujeres. Históricamente la salud de las mujeres, se ha definido
de acuerdo con las interpretaciones de la familia y de la comunidad, basadas en
la cultura y en la tradición, así como, por la profesión médica sesgada durante
mucho tiempo por una visión exclusivamente masculina del cuerpo, la sexualidad,
la salud y la enfermedad. El hecho de que las mujeres, asuman como propias las
concepciones de salud y bienestar que la sociedad define como adecuadas para ellas, tiene
serias consecuencias. De hecho, miles de mujeres, especialmente de sectores
rurales y pobres se consideran "sanas" mientras puedan desempeñar los
roles que se les han asignado.
Durante
años se dio por supuesto que las diferencias entre la salud de hombres y mujeres se basaban en las diferencias
biológicas entre los sexos, y en consecuencia la atención a la salud femenina
se centró en los aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Hoy se
evidencia que las necesidades de salud de las mujeres no están exclusivamente
ligadas a la maternidad, adoptan formas
diferentes durante su ciclo vital, en las distintas regiones y en los
diferentes contextos.
Muchos
factores sociales y culturales tienen un impacto particular en la salud de las
mujeres. Entre ellos:
·
La pobreza que afecta desproporcionadamente a
las mujeres en el mundo. En nuestro país las mujeres constituyen el mayor
número de población desempleada, sub-remunerada, en trabajo informal y con la
responsabilidad única de familias pobres.
·
La situación de subordinación que todavía
experimentan miles de mujeres en relación con sus esposos o compañeros, y que
influye negativamente en el control de su propia vida, en su capacidad de
evitar el maltrato y la violencia y de tomar decisiones autónomas en relación
con la sexualidad, la procreación y la protección frente al contagio de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual)
incluido el VIH/SIDA y el cuidado general de su salud.
·
El limitado acceso a la atención sanitaria o
la deficitaria calidad de esta, y a servicios de salud reproductiva incluida la
planificación familiar, en especial en las áreas rurales, en los sectores más
pobres y en la población adolescente.
Como consecuencia de lo anterior a través de
todo el ciclo vital femenino, se pueden identificar serios efectos para la
salud de las mujeres como:
·
Embarazos en la adolescencia
·
Gestaciones repetidas con escaso intervalo
entre una y otra
·
Embarazos no deseados
·
Abortos inseguros con sus complicaciones
subsecuentes
·
Limitado control prenatal, sobre todo en las
áreas rurales
·
Morbilidad y
mortalidad materna
·
Infecciones del aparato reproductivo no diagnosticadas
ni tratadas
·
Infecciones de transmisión sexual y aumento
del VIH/SIDA
·
Retrasos en el diagnostico y tratamiento del
cáncer uterino y de mama
· Limitado acceso a métodos anticonceptivos
modernos y seguros, en especial en las áreas rurales.
·
Responsabilidad fundamentalmente femenina en
la anticoncepción e incluso oposición masculina a ésta.
·
Las diferentes formas de violencia asociadas a
la condición de género.
·
El desplazamiento forzado del que son víctimas
por parte de diversos actores del conflicto armado.
·
La presencia de trastornos psicoemocionales a
causa de la viudez, la orfandad, y la pérdida de su entorno, sus lazos
afectivos y sus redes de apoyo.
Son muchos los
compromisos que se han suscrito en las últimas décadas, plasmados en pactos,
conferencias, convenciones internacionales; además en normas, leyes y
jurisprudencia nacional, en particular, con la firma de la Declaración del
Milenio en el año 2000, 188 países, entre ellos Colombia,[1] se comprometieron con los
Objetivos del Milenio que contienen una apuesta concreta hacia la igualdad y la
equidad entre los géneros[2], que incluye:
·
La lucha contra las distintas formas de
discriminación y violencia de género garantizando el avance de las mujeres en
el mundo.
·
El acceso equitativo a recursos y
oportunidades.
·
La participación de las mujeres en la política
y en el mundo laboral.
·
La lucha contra las relaciones desiguales de
poder que existen entre mujeres y hombres que no van sólo en detrimento del
desarrollo de las mujeres, sino de la sociedad en general.
Los objetivos del Milenio han propuesto como
algunas de sus metas el acceso universal a la salud reproductiva, la reducción
de la mortalidad materna y la reducción de la propagación del VIH/SIDA.
Sin embargo,
pese a la existencia de un marco jurídico-normativo favorable a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos (DSR), aún persiste una significativa brecha
entre lo formal y lo real, que se expresa
en la falta de una política pública consistente, coherente e integral en
educación sexual y reproductiva que contribuya al cumplimiento de estas metas.
En este sentido, en
Colombia existe una profunda dispersión
frente a los compromisos del Estado en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos,
en los cuales las políticas gubernamentales no son coherentes, ni cohesionadas
con respecto a las responsabilidades de cada una de las instituciones
encargadas de proteger estos derechos. La influencia de diversos actores y
visiones religiosas, impiden avanzar en políticas integrales en salud y
derechos sexuales y reproductivos, acordes con los compromisos asumidos.
Desde hace dos
décadas, con la promulgación de la Ley 100, el sistema de salud en Colombia
enfrenta una grave crisis que la Corte
Constitucional declaró mediante sentencia T–760/08: no existe una política
integral de prevención, la red pública hospitalaria es cada vez más precaria,
la intermediación privada (EPS) sigue siendo la principal beneficiada, y la
atención se limita en tanto solo las personas con capacidad de pago pueden
acceder a los planes complementarios.
Si bien la Corte
Constitucional se ha pronunciado favorablemente, en torno a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres en varias oportunidades, las decisiones de la Corte
se obstaculizan por las barreras que generan las instituciones públicas y
privadas, en especial, las encargadas de prestar el servicio de atención en
salud.
La Procuraduría
General de la Nación no ha cumplido las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional, ya que ha censurado campañas
masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos; ha ocultado o
desvirtuado intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la
educación sexual y la información al respecto; ha tergiversado el contenido de
las sentencias proferidas por la propia Corte Constitucional relacionadas con
derechos sexuales y reproductivos, en especial en relación con el aborto.
La Procuradora
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia,
ha solicitado expresamente a la Superintendencia Nacional de Salud la
revocatoria de circulares sobre interrupción voluntaria del embarazo dirigidas
a prestadores de servicios de salud, entidades administradoras de planes de
beneficios y entidades territoriales.
En el informe
alternativo, Una mirada a los derechos de las mujeres en Colombia, realizado
por un grupo importante de organizaciones de mujeres y mixtas, para ser
presentado al comité de la CEDAW en el mes de octubre de 2013,[3] se puede ver, según datos del Observatorio Nacional de la Gestión
en VIH/Sida, que entre 1988 y 2010 la
proporción de mujeres infectadas frente a la de hombres ha aumentado en casi 5
veces. Mientras que en 1988 fue de 13 hombres por una mujer, en 1998 fue de 4
hombres por una mujer, y en 2012 se estimó que por 2 hombres existía una mujer
infectada, aunque hay regiones del país en las que por cada hombre hay una
mujer infectada. Así, en la actualidad, casi el 50% de las personas que viven
con VIH/Sida en nuestro país son mujeres.
Mientras que en las últimas
dos décadas, en los países desarrollados la mortalidad por cáncer de seno y de
cérvix se ha logrado disminuir gracias a un diagnóstico temprano y al
subsecuente manejo precoz, en Medellín por el contrario, se ha documentado una
tendencia al aumento en la mortalidad por cáncer de mama: su tasa en 1999 era
de 13,2 por cien mil mujeres, en 2009 subió a 15,5 (Medellín como vamos, 2010),
en 2010 fue de 16, 9 (SSM, 2011) y en 2011 de 16,8 (SSM, 2012), ó sea que en
solo 12 años dicha tasa se incremento en
3.6 por cada 100.000 mujeres, en una ciudad donde el 53% de la población es
femenina.
Si bien, las mujeres pobres
tienen menor riesgo de cáncer de mama, presentan una mortalidad más elevada que
las mujeres con un nivel socioeconómico más alto, lo cual puede explicarse por
las inequidades en el aseguramiento, en el acceso a los servicios de salud y
los retrasos en la atención.
El cáncer de cuello uterino
por su parte, constituyó la tercera causa de mortalidad en las mujeres de 15 a
44 años de la ciudad de Medellín en el año 2011 (SSM, 2012).
En ocasiones los síntomas de
las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, son confundidos por el
personal de salud con trastornos de ansiedad, lo que lleva a que el diagnostico
sea tardío y la mortalidad por esta causa sea más temprana en mujeres que en
hombres.
Esperamos que este proyecto Clínica
de las Mujeres, llamado hoy Centro de
Atención Ambulatoria para la Mujer y la Familia, sea una realidad para las
mujeres de Medellín en esta administración, que efectivamente sea una
herramienta para la construcción e implementación de un modelo de atención
integral en salud para las mujeres, con enfoque de género, único en el país,
además de contribuir a generar espacios de participación, investigación y
difusión de las diferentes problemáticas que aquejan a las mujeres y que
demandan una atención inmediata.
Si la existencia de derechos
deriva de nuestra condición ciudadana, no debemos conformarnos solo con el
reconocimiento formal de estos, debemos
exigirlos en nuestra cotidianidad y estar atentas a su cumplimiento, a ello
apunta este ejercicio de control ciudadano.
Medellín,
septiembre 30 de 2013
[1] Colombia se
comprometió con cumplir las Metas del
Milenio mediante el documento Conpes Social 91 de 2005, “Metas y Estrategias de
Colombia para el logro De los objetivos de desarrollo del milenio - 2015”. Consejo Nacional de
Política Económica y Social. República
de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Versión Aprobada. Bogotá, D.C., 14 de Marzo de 2005
[2] Los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre. 2. Lograr la enseñanza primaria universal. 3. Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4, Reducir la mortalidad
infantil. 5-Mejorar la salud materna.
6-Combatir el
VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades. 7- Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.
8-Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
[3] http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_NGO_COL_15141_S.pdf
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